La existencia de un doble discurso en el que, por un lado, México está a favor de la protección de los migrantes y, por el otro, hay repliegue y violencia contra los mismos. El presidente electo plantea la creación de empleos para migrantes centroamericanas, cuando la tasa de desempleo de la Población Económicamente Activa no se ha podido erradicar y va cada vez más en aumento.

Las obras de infraestructura de esa envergadura no deberían someterse a consulta popular ya que requieren de estudios técnicos, financieros, ambientales, económicos, que no pueden sustituirse con la opinión de los ciudadanos.

La eliminación del IEPS en gasolinas implicaría una pérdida de ingresos públicos por 250 mil millones de pesos, que difícilmente podrían reponerse sin aumentar el IVA, generalizarlo o aumentar la deuda pública en el mismo monto.

Estas son quizá las declaraciones más desafortunadas que se han dado desde la campaña y ahora en el periodo de transición, ya que la primer promesa -y con la cual AMLO fue elegido- es que acabaría con la impunidad, la corrupción, el oscurantismo de "la mafia del poder" en contubernio con el gobierno. Su frase célebre de campaña fue "Separar el poder económico del político" y con ello, sería su función como presidente electo, dar instrucciones a las instancias correspondientes para investigar, analizar y en su caso denunciar y que el Poder Judicial se encargue de juzgar a Rosario Robles y a cualquier otro sospechoso de corrupción. En este caso, el coordinador de Morena en el Senado sigue un discurso mucho más congruente con lo que debe hacer un gobierno que gana con la bandera del combate a la corrupción.

Es una contradicción desafortunada del presidente electo porque un país en bancarrota es aquel que no tiene solvencia para cumplir con sus obligaciones, entre las que destacarían el pago de la deuda externa, el pago de la deuda interna, el pago de pensiones; una bancarrota se vería reflejada en una escalada inflacionaria, en la caída del PIB, en una calificación negativa de las calificadoras, etc. De tal suerte que este país no está en bancarrota.

Otro ejemplo de una falta de comunicación y coordinación entre el presidente electo y los miembros más cercanos de su gabinete y del sector hacendario sobre el que recae la enorme responsabilidad de mantener la estabilidad económica. Por un lado se asegura que no habrá ningún impedimento para lograr las promesas sociales asumiendo un amplio margen de maniobra y el próximo subsecretario de Egresos visualizando que no hay tal margen de maniobra contradiciendo a su futuro jefe y al presidente electo, pero probablemente más realista que el margen de maniobra del Presupuesto Federal es estrecho para todo lo que se ha prometido.

La decisión del tribunal es inapelable. Pero es una decisión desafortunada porque el monto es menor en comparación con los más de 3000 millones de pesos que recibirá Morena en prerrogativas el año 2019 con lo que se comienza a restar credibilidad sobre la superioridad moral y el combate real a la impunidad de la coalición ganadora, ya que esto contrasta con las pruebas periodísticas donde se observa un comportamiento atípico de depósitos en efectivo de 50 mil pesos simultáneamente en varias sucursales bancarias y en carrusel, de la misma forma retiros hechos en un día por los candidatos de Morena. También es desafortunado que otras instancias mantengan bajo perfil en este caso, como podría ser el SAT y la CNBV, al no encender las señales de alerta e indagar el origen de los recursos, que depositados de esa forma, incurren en malas prácticas que podrían calificar como lavado de dinero.

Un tema en el que las contradicciones tienen mayor impacto en las expectativas de crecimiento económico y que inyectan incertidumbre a la inversión privada. Alfonso Romo trata de eliminar la percepción de que el gobierno de Amlo puede atentar contra la inversión privada como gobiernos de Venezuela o Cuba. Mientras que la futura secretaria de energía, Rocío Nahle, hace justo lo opuesto además por no ser claros en qué, quiénes y cómo se revisarán los contratos, y en caso de haber cancelaciones arbitrarias será una señal muy fuerte a todos los mercados de que en México es riesgosa la inversión por la incertidumbre jurídica del cumplimiento de contratos, lo que puede impactar mucho en el crecimiento de 2019 y el resto del sexenio, poniendo en duda que hubiera interés privado por refinerías, exploración petrolera, obras de infraestructura, etc.

Es uno de los asuntos en los que el próximo gobierno ha procurado generar una opinión pública positiva: el lazo estrecho entre el gobierno y los empresarios. Esta opinión ha tranquilizado un poco a quienes ya tienen inversiones en México, pero no a quienes planeaban invertir en nuevos proyectos, los que aún están detenidos hasta no ver en realidad acciones de gobierno, que en los hechos están siendo muy erráticas y poco atractivas para la inversión, por ejemplo, la consulta popular sobre la continuidad del NAICM.

Esta propuesta evoca a la fallida Gendarmería del sexenio actual, la cual no prosperó por la dificultad para asignar recursos suficientes a cuerpos militares, policíacos y nuevas corporaciones. Esta propuesta se enfrentará a la misma limitación de recursos financieros, humanos, físicos y materiales para mantener diversos cuerpos de seguridad. Se enfrentará también a la disyuntiva de tener varias corporaciones poco eficaces, o concentrarse en tener menos, pero efectivas en combatir la inseguridad.